Los grupos provinciales del PP y Ciudadanos exigen al Gobierno de España que no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y que respete las decisiones judiciales (PROPOSICIÓN)
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| Nuestro portavoz, Agapito Hernández, defendiendo la proposición |
D. Agapito Hernández Negro, Portavoz del Grupo Provincial Popular y D.ª María Gema Gómez Olmos, Portavoz del Grupo Provincial Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presentan, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 18 de junio de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN:
EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO CONCEDA EL INDULTO A LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS CATALANES CONDENADOS POR SEDICIÓN Y QUE RESPETE LAS DECISIONES JUDICIALES
El denominado “Juicio del Procés”, en el que se juzgaba las actuaciones de diversos políticos y cargos en el otoño de 2017 relativas al procedimiento de independencia impulsado en Cataluña, concluyó con la condena a antiguos cargos del Ejecutivo catalán y del Parlamento autonómico por delitos de sedición, unido en algunos casos a un delito de malversación. El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y/o malversación de caudales públicos o desobediencia.
En el momento de conocerse la sentencia condenatoria, la reacción por parte del Gobierno de España a través del, por aquel entonces, presidente del Gobierno en funciones, fue pedir “respeto” para esta resolución judicial, destacando la labor “independiente del Tribunal Supremo y su autonomía, transparencia, garantías y profesionalidad, así como el cumplimiento íntegro del contenido de la misma, instando al Gobierno catalán a no apartarse de la Ley y la Constitución”. Se destacó igualmente el correcto funcionamiento del Poder Judicial, así como la necesidad de acatar la resolución, y se insistió en que “no procede en absoluto hablar de indultos”.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en octubre de 2019 que velaría por el “cumplimiento íntegro de las penas” de los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición.
Pero tanto Sánchez como su Gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder. Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.
Una reforma que como explicó en septiembre de 2020 el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque “es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos” (dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O).
Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.
Causa sonrojo escuchar, recientemente, al ministro de Justicia manifestar la necesidad de “que se vea con naturalidad la decisión del Gobierno sobre los indultos a los condenados por el Procés”.
Cabe destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al recordar que “algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamando al ejercicio del derecho de gracia”.
Por todo ello, resulta evidente que la debilidad política y parlamentaria de los partidos que conforman el Gobierno de España, y su dependencia de los partidos independentistas, son la causa que determina esta maniobra que supone un menosprecio completo a las instituciones, a las leyes y a la Constitución Española, permitiendo que condenas de cárcel por delitos graves cometidos contra la Constitución y la unidad de España se indulten por criterios e intereses políticos del Partido Socialista.
Esto implica un peligro objetivo contra el orden constitucional de nuestro país y una amenaza intolerable para los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y muy especialmente para los de Cataluña, que ya sufrieron los desmanes arbitrarios e iliberales del Govern en 2017, y ahora ven que los culpables pueden eludir su condena sin ni siquiera un atisbo de arrepentimiento.
Su reiterado “lo volveremos a hacer” y el plan de Govern aprobado por los partidos que dirigen los condenados por el Tribunal Supremo en el que se prevé explícitamente forzar al Estado de Derecho a capitular ante el desafío separatista, son un claro indicio de esa estrategia de reincidencia delictiva de la que ha venido advirtiendo el Tribunal Supremo. Todo ello, conlleva la inviabilidad democrática de indulto o beneficio alguno.
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar “los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
- La Diputación de Valladolid insta al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del “Procés” condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, que no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019.
- La Diputación de Valladolid expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y a la Unidad de la Nación. Igualmente, explicita su completo apoyo al ordenamiento jurídico español y al sistema judicial, con especial énfasis en el Tribunal Supremo.
- La Diputación de Valladolid dará traslado de los acuerdos alcanzados al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia y a los portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.
En Valladolid, a 15 de junio de 2021
| Fdo.: Agapito Hernández Negro PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR |
Fdo.: María Gema Gómez Olmos
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL CIUDADANOS
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