Proposición del Grupo Provincial Popular para el Pleno Ordinario de 31 de julio de 2026 por el impulso a la Autovía del Duero (A-11), la mejora de la seguridad vial en la N-122 y el refuerzo de la cooperación institucional

D. Guzmán Gómez Alonso, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el art. 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 31 de julio de 2026, la siguiente PROPOSICIÓN:

POR EL IMPULSO A LA AUTOVÍA DEL DUERO (A-11), LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA N-122 Y EL REFUERZO DE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Cartel A-11
La Autovía del Duero (A-11) es una infraestructura estratégica para la cohesión territorial, el desarrollo económico y la mejora de las comunicaciones de nuestros municipios. Su culminación permitirá reforzar la conexión entre las provincias del corredor del Duero y mejorar la comunicación con Portugal, facilitando la movilidad de las personas y el transporte de mercancías.

La prolongación en el tiempo de las actuaciones pendientes continúa afectando a la vida diaria de quienes viven y trabajan en nuestros pueblos. Esta situación tiene consecuencias directas para las familias, los trabajadores, los agricultores, los autónomos y las empresas que utilizan habitualmente la N-122 para desplazarse, prestar servicios o transportar sus productos.

Por ello, la finalización de la A-11 no debe entenderse únicamente como una actuación de infraestructuras. Es una cuestión de igualdad de oportunidades, seguridad, competitividad y cohesión territorial. Nuestros municipios necesitan disponer de unas comunicaciones modernas, seguras y acordes con las necesidades actuales y futuras de la provincia.

Mientras permanezcan pendientes los tramos de la A-11, la N-122 seguirá soportando un elevado volumen de tráfico, incluido un importante número de vehículos pesados. La convivencia entre el tráfico de largo recorrido, los desplazamientos locales, los accesos a los municipios y la circulación por travesías exige mantener una atención permanente a la seguridad vial.

Detrás de cada accidente hay personas, familias y comunidades que sufren sus consecuencias. Por ello, la mejora de la seguridad en la N-122 debe situarse por encima de cualquier diferencia institucional o partidista.

Las demandas planteadas por los ayuntamientos afectados, por las plataformas ciudadanas y por los vecinos deben ser escuchadas y evaluadas con rigor. Mientras se completa la autovía, resulta necesario estudiar y aplicar, allí donde los informes técnicos lo justifiquen, medidas que contribuyan a reducir los riesgos y a mejorar la seguridad de los usuarios.

Entre estas actuaciones podrán valorarse el refuerzo de la señalización, la mejora de la regulación del tráfico, el incremento de los controles de velocidad, la adecuación de los accesos y otras medidas específicas en los puntos que presenten mayores necesidades de seguridad.

Los municipios afectados necesitan conocer con claridad la situación de las obras, las previsiones de ejecución y los posibles cambios que puedan afectar a la movilidad.

La información debe ser rigurosa, actualizada y realista. Generar expectativas que no puedan cumplirse solo aumenta la incertidumbre y dificulta la planificación de los ayuntamientos, de las empresas y de la ciudadanía.

Asimismo, cualquier apertura parcial, modificación de la circulación o establecimiento de desvíos provisionales debe planificarse con la suficiente antelación y en coordinación con las administraciones afectadas.

Los posibles desvíos por carreteras provinciales, autonómicas o travesías urbanas deben analizarse previamente desde el punto de vista de la seguridad vial, la capacidad de las infraestructuras y el impacto sobre los municipios. Las decisiones deben adoptarse sobre la base de informes técnicos y mediante una coordinación institucional efectiva.

La ciudadanía espera de sus representantes soluciones, colaboración y responsabilidad. La Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos deben trabajar de forma coordinada para avanzar en la finalización de la A-11 y mejorar la seguridad de la N-122.

La cooperación institucional debe estar orientada a resolver problemas concretos y a ofrecer respuestas útiles a los municipios y a sus habitantes. La seguridad vial, la cohesión territorial y el desarrollo de la provincia deben situarse por encima de cualquier interés partidista.

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Instar al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a:

  1. Facilitar información actualizada, detallada y técnicamente fundamentada sobre la situación de los tramos pendientes de la A-11, incluyendo las previsiones de ejecución y puesta en servicio que puedan comunicarse con suficiente grado de certeza.
  2. Mantener el impulso técnico, administrativo y presupuestario necesario para avanzar en la ejecución de los tramos pendientes de la A-11 y favorecer la continuidad del corredor.
  3. Evaluar, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y con las administraciones y entidades locales afectadas, la adopción de medidas adicionales de seguridad vial en la N-122, especialmente en los tramos, accesos y travesías que presenten mayores necesidades, de acuerdo con los informes técnicos correspondientes.

Segundo.- Instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Junta de Castilla y León y a las diputaciones provinciales y ayuntamientos afectados a reforzar los mecanismos de coordinación técnica ante cualquier apertura parcial, modificación de la circulación o establecimiento de desvíos provisionales relacionados con las obras de la A-11.

Esta coordinación deberá realizarse con la antelación suficiente para analizar los itinerarios alternativos, garantizar la seguridad vial, proteger las infraestructuras afectadas y reducir las molestias para la población.

Tercero.- Reiterar el respaldo institucional de esta Diputación Provincial a las reivindicaciones de los ayuntamientos, colectivos sociales, plataformas ciudadanas y vecinos que defienden la finalización de la Autovía del Duero y la mejora de la seguridad vial en la N-122.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Consejería competente de la Junta de Castilla y León, a las diputaciones provinciales integradas en el corredor del Duero y a los ayuntamientos afectados por el trazado de la N-122 y de la A-11.

En Valladolid, a 28 de julio de 2026

Fdo.: Guzmán Gómez Alonso

PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR



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