El Grupo Provincial Popular presenta para el pleno de marzo de 2026 una proposición por la mejora de la financiación local, la clarificación competencial y la simplificación administrativa
D. Guzmán Gómez Alonso, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 27 de marzo de 2026, la siguiente PROPOSICIÓN
POR LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL, LA CLARIFICACIÓN COMPETENCIAL Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Existe hoy un consenso político e institucional extraordinariamente amplio sobre la necesidad de abordar de una vez la reforma de la financiación local. Así lo acredita la declaración institucional aprobada en el seno de la FEMP, suscrita por todas las fuerzas políticas con representación en la Federación, en la que se reclama una reforma urgente, estructural y simultánea a la financiación autonómica. Por tanto, el problema ya no es de diagnóstico, ni de propuestas, ni de acuerdo. El consenso existe. Lo que falta es la voluntad política del Gobierno para convertir ese consenso en una reforma real y para situar por fin a los ayuntamientos en el lugar que les corresponde dentro del sistema institucional.
Desde el Grupo Provincial Popular queremos afirmar con claridad que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa para el municipalismo español. Una etapa en la que los gobiernos locales dejen de ser la administración a la que más se le exige y menos se le reconoce, y pasen a ocupar el espacio político, institucional y financiero que les corresponde.
Los ayuntamientos y las diputaciones son las administraciones más cercanas al ciudadano, las primeras que escuchan, las primeras que responden y, en demasiadas ocasiones, las primeras que asumen problemas que otros no resuelven. Se prestan servicios esenciales, se atienden necesidades sociales urgentes, se sostiene la convivencia diaria y se impulsa el desarrollo económico y territorial. Sin embargo, esa responsabilidad creciente no ha ido acompañada ni de una financiación suficiente ni de una delimitación clara de competencias.
Por ello, consideramos imprescindible avanzar hacia una reforma del sistema de financiación local que garantice estabilidad, suficiencia financiera, transparencia y criterios objetivos de reparto. Y queremos dejar fijado un principio de garantía institucional: si el Gobierno decide abordar una reforma de la financiación autonómica sin hacerlo de manera simultánea con la financiación local, en ningún caso esa reforma podrá suponer una merma de los recursos que hoy reciben los ayuntamientos. La financiación local no puede volver a ser la gran sacrificada de las reformas territoriales, porque cuando se debilitan los recursos municipales, quienes terminan perjudicados son los ciudadanos que reciben cada día los servicios públicos en sus pueblos y ciudades.
Defendemos, además, que cualquier reforma del modelo territorial y financiero debe inspirarse en el principio de subsidiariedad, plenamente compatible con un Estado fuerte y descentralizado. Eso significa que cada competencia debe ser ejercida por la administración que pueda gestionarla mejor, con mayor eficacia, con mayor cercanía y con un uso más eficiente de los recursos públicos. No se trata de multiplicar estructuras ni de acumular competencias sin sentido, sino de ordenar mejor el sistema para que cada administración haga aquello que sabe hacer mejor. Y, en todo caso, el principio debe ser inequívoco: quien presta el servicio debe contar con la competencia clara y con la financiación adecuada para hacerlo.
Del mismo modo, consideramos necesario dotar a las entidades locales de un marco estable y previsible que les permita utilizar sus remanentes y su superávit con mayor seguridad jurídica, especialmente cuando no exista deuda que lo desaconseje y, sin embargo, las reglas fiscales o el techo de gasto impidan poner esos recursos al servicio de los ciudadanos. Esa flexibilidad debe contemplar, además, la posibilidad de planificar inversiones con carácter plurianual y de orientar esos recursos a prioridades estratégicas como la vivienda, porque no tiene sentido que los ayuntamientos mantengan ahorro disponible mientras se les impide destinarlo a responder a necesidades sociales urgentes y a demandas reales de sus vecinos.
En el Grupo Provincial Popular creemos en un Estado fuerte, cohesionado y descentralizado, que no fragmente su capacidad institucional, pero que al mismo tiempo respete la autonomía local y permita a los ayuntamientos disponer de instrumentos suficientes para atender la realidad de sus vecinos.
Junto a la financiación y a la clarificación competencial, reclamamos también una agenda decidida de desregulación, simplificación administrativa y eliminación de burocracia. Hoy muchos ayuntamientos encuentran enormes dificultades para ejecutar gasto, impulsar inversiones o responder con agilidad a las necesidades de los ciudadanos por un entramado normativo excesivamente rígido, complejo y desactualizado.
Desregular, simplificar y eliminar burocracia no es rebajar garantías: es hacer una administración más útil, más eficaz y capaz de resolver problemas reales. Es ayudar a emprender, facilitar la actividad económica, acelerar las inversiones y permitir que los vecinos puedan relacionarse con sus ayuntamientos de una forma más sencilla, rápida y comprensible.
Cualquier reforma seria deberá reconocer también la diversidad territorial de España, la realidad del medio rural, la dispersión poblacional, el envejecimiento y el papel esencial de diputaciones y entidades locales para garantizar cohesión, equilibrio territorial e igualdad de oportunidades en todo el país.
Por todo ello, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
- Instar al Gobierno de España a reformar el Sistema de Financiación Local que garantice estabilidad, suficiencia financiera, transparencia y criterios objetivos de reparto.
- Reclamar al Gobierno de España la clarificación de las competencias de las distintas Administraciones y dotarlas de una financiación adecuada.
- Solicitar al Gobierno de España la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y el conjunto de normas que condicionan la gestión local, con el fin de reducir trabas, agilizar procedimientos y facilitar tanto la acción de los ayuntamientos como la relación de los ciudadanos y las empresas con su administración más cercana.
En Valladolid, a 24 de marzo de 2026
Fdo.: Guzmán Gómez Alonso
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR