EL GRUPO POPULAR PRESENTA AL PLENO DE ENERO DE 2026 UN PROPOSICIÓN POR UNA FINANCIACIÓN LOCAL JUSTA, SUFICIENTE Y RESPETUOSA CON LA AUTONOMÍA
POR UNA FINANCIACIÓN LOCAL JUSTA, SUFICIENTE Y RESPETUOSA CON LA AUTONOMÍA
Los ayuntamientos constituyen la administración más cercana a los ciudadanos y desempeñan un papel esencial en la prestación de servicios públicos básicos, la cohesión social y la vertebración territorial del país. En los últimos años, las entidades locales han asumido un volumen creciente de competencias y responsabilidades, muchas de ellas de carácter impropio, sin que ello haya venido acompañado de una financiación suficiente, estable y previsible.
La ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados, la rigidez de las reglas fiscales y la falta de certidumbre normativa están dificultando gravemente la planificación económica y presupuestaria de los ayuntamientos, limitando su capacidad de inversión y condicionando la calidad de los servicios que prestan a los vecinos.
En este contexto, el Gobierno de España ha anunciado recientemente una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que se ha presentado de manera parcial, bilateral y sin un marco multilateral previo, generando incertidumbre y preocupación en amplios sectores institucionales y territoriales. La referencia pública a principios como la ordinalidad y a acuerdos singulares plantea dudas razonables sobre el impacto que este nuevo modelo puede tener en la igualdad entre ciudadanos y en la cohesión territorial del conjunto del Estado.
Este debate se está produciendo, además, sin incorporar de forma expresa la financiación local, pese a que cualquier modificación del sistema autonómico tiene un impacto directo e inmediato en los ayuntamientos. Abordar la reforma de la financiación pública sin contar con las entidades locales supone ignorar a la administración que gestiona los servicios más cercanos y cotidianos para los ciudadanos.
A ello se suma la imposición de nuevas obligaciones financieras a los municipios, como las derivadas de la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa específica. Esta medida limita la autonomía fiscal municipal y traslada directamente a los vecinos el coste de decisiones adoptadas sin financiación adicional ni flexibilidad suficiente para su adaptación.
Los ayuntamientos, como parte esencial del Estado, deben participar activamente en los procesos de reforma que afectan a su financiación y a su autonomía. Para ello, resulta imprescindible el funcionamiento ordinario de los órganos de cooperación institucional, en particular la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), como espacio de diálogo, coordinación y lealtad institucional.
Defender una financiación local justa, suficiente y equitativa no es una reivindicación partidista, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales y el equilibrio territorial del país.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Provincial del Partido Popular somete a la aprobación del Pleno los siguientes ACUERDOS:
- Instar al Gobierno de España a retirar la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica pactado con partidos que defienden el separatismo.
- Instar al Gobierno de España a que la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada se aborde desde un enfoque multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, garantizando la igualdad entre ciudadanos y evitando acuerdos singulares que puedan generar desequilibrios territoriales.
- Reclamar que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica incorpore de forma simultánea una reforma del sistema de financiación local, reconociendo el papel esencial de los ayuntamientos y garantizando su suficiencia financiera.
- Exigir la convocatoria inmediata y ordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), como órgano de cooperación institucional, para analizar y debatir de manera conjunta la reforma de la financiación autonómica y local con participación efectiva de los municipios.
- Solicitar que no se impongan nuevas competencias ni obligaciones financieras a los ayuntamientos sin la correspondiente dotación de recursos, preservando la autonomía local y la calidad de los servicios municipales.
- Defender la autonomía fiscal de los ayuntamientos, instando al Gobierno de España a revisar la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, de manera que se puedan utilizar otros instrumentos y medidas no impositivas previstas en la Directivas, que incentiven la prevención y el reciclaje de residuos, sin que supongan la imposición de cargas fiscales obligatorias adicionales a los vecinos.
- Reafirmar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, como eje fundamental del sistema de financiación pública, garantizando que los servicios municipales dispongan de recursos suficientes, estables y basados en criterios objetivos y transparentes.
- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y a la Comisión General de las Entidades Locales del Senado.
En Valladolid, a 26 de enero de 2026
Fdo.: Guzmán Gómez Alonso
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
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