El Grupo Popular presenta en el Pleno de octubre de 2025 una proposición para la defensa de la autonomía municipal y la suspensión de la tasa obligatoria de basuras impuesta por la Ley 7/2022
D. Guzmán Gómez Alonso, Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta, para su inclusión en el orden del día del pleno corporativo a celebrar el próximo día 31 de octubre de 2025, la siguiente PROPOSICIÓN:
PARA LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y LA SUSPENSIÓN DE LA TASA OBLIGATORIA DE BASURAS IMPUESTA POR LA LEY 7/2022
Sin embargo, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impone a todos los ayuntamientos de España la obligación de establecer una tasa o prestación patrimonial que cubra el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, suprimiendo la capacidad de los municipios para decidir libremente cómo financiarlo.
Por primera vez en la historia democrática española, un tributo local de carácter potestativo pasa a ser obligatorio por imposición estatal, vulnerando los principios de autonomía local (art. 140 CE), suficiencia financiera (art. 142 CE) y justicia tributaria (art. 31 CE). El resultado práctico es que millones de familias y pequeños negocios verán incrementado su recibo de basuras de forma significativa, sin que los ayuntamientos puedan mitigar este impacto mediante fondos propios, bonificaciones o tarifas sociales.
Además, el argumento de que “Europa obliga” carece de fundamento. La propia Comisión Europea, en respuesta escrita de diciembre de 2024 al Grupo Popular Europeo, aclaró que la Directiva (UE) 2018/851 no exige la imposición de una tasa que cubra íntegramente el coste del servicio, y que los Estados miembros pueden utilizar otros mecanismos alternativos de financiación.
La decisión de trasladar el coste íntegro a los ciudadanos es, por tanto, una decisión política nacional, no una exigencia de Europa. Ello ha generado una profunda inseguridad jurídica en los ayuntamientos, la multiplicación de ordenanzas contradictorias y el riesgo de conflictos legales por la falta de un desarrollo reglamentario claro.
A todo ello se suma el impacto acumulado de más de cien subidas de impuestos en los últimos años, que han incrementado la carga fiscal sobre familias, trabajadores y autónomos, reduciendo su capacidad de ahorro y consumo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Provincial del Partido Popular somete a la aprobación del Pleno los siguientes ACUERDOS:
- Instar al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos.
- Solicitar la reforma de la Ley 7/2022 para garantizar:
- El respeto a la autonomía local y la potestad tributaria local.
- Un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos.
- La incorporación de incentivos al reciclaje y la economía circular, en lugar de penalizaciones indiscriminadas.
- La posibilidad de bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos.
- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Regional de Municipios y Provincias.
En Valladolid, a 28 de octubre de 2025
Fdo.: Guzmán Gómez Alonso
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
Descargar la proposición en formato PDF
Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada con 16 votos a favor (PP y VOX) y 11 en contra (PSOE y TLP).