El Grupo Popular presenta en el Pleno de septiembre de 2024 una proposición en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las Comunidades y Ciudades Autónomas
EN DEFENSA DE UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN JUSTO Y SOLIDARIO ENTRE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS
España y su modelo territorial se encuentran en una encrucijada crítica. El Gobierno ha instaurado una forma de hacer política que ha desplazado el interés general y el bien común, centrando su atención únicamente en las ambiciones políticas personales del actual presidente. Como consecuencia de ello, los españoles padecemos decisiones políticas arbitrarias que dañan nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar.
La colección de cesiones ya asumidas por el presidente del Gobierno para asegurar su continuidad en la Moncloa ha provocado un deterioro sin precedentes de la salud de nuestro Estado de Derecho. Hoy, a todas ellas se suman las pactadas entre el PSOE y ERC para asegurarse una investidura en Cataluña y una prórroga de la investidura nacional pactada hace menos de un año. Entre ellas, el peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, así como una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale.
A la colonización y degradación de las instituciones, se suma el control de los recursos de todos a conveniencia de sus necesidades personales. Con ello, se consuma la quiebra de uno de los valores democráticos más esenciales que protege nuestra Constitución: la igualdad. Desde el punto de vista territorial, por cuanto se desequilibra el sistema en la prestación de servicios públicos, y también desde el punto de vista social, pues los mayores perjudicados serán los ciudadanos que más necesitan esos servicios.
El Estado es responsable de la gestión adecuada de los recursos públicos, así como de su redistribución para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles al margen de su situación económica. Si el Gobierno renuncia a todos a los impuestos en una comunidad autónoma, renuncia también a una fuente de ingresos para reducir desigualdades y permite que una parte de los ciudadanos deje de contribuir en igualdad de condiciones a sostener servicios públicos del Estado, incluidos los que ayudan a redistribuir la renta personal.
Esta ruptura de los principios de equidad y solidaridad cuenta con la permisividad del Partido Socialista y, como representantes públicos, no debemos renunciar a defender la igualdad de todos los españoles. Un Gobierno no puede disponer de los derechos de los españoles a su antojo ni convertir a nuestro país en un mosaico de intereses contrapuestos donde nuestra diversidad y nuestra organización territorial se usen para enfrentar a ciudadanos libres e iguales en derechos.
Los problemas institucionales, sociales y económicos que esta decisión genera van más allá de la situación actual y del legítimo debate sobre los modelos de financiación. Es un grave error político y moral dinamitar nuestro modelo de convivencia y replantear por completo el sistema de financiación autonómica —tema que el Gobierno ha ignorado durante años, junto con la revisión de la financiación local— únicamente por asegurar una investidura.
No debemos aceptar la adopción del lenguaje independentista que equipara a Cataluña con los partidos separatistas. Esta visión no solo distorsiona la realidad, sino que tampoco esta propuesta beneficiaría a los propios ciudadanos catalanes. El objetivo final del independentismo es hacerse con el control financiero, la llamada "llave de la caja", para seguir impulsando el desafío del procés mediante nuevos mecanismos, lo que no haría más que profundizar en la decadencia política y social que afecta a la región.
Así lo han declarado los únicos verdaderos agraciados del acuerdo, los políticos separatistas, para los que la independencia fiscal es el paso previo para culminar la declaración de independencia total que iniciaron en 2017. Ellos, habiendo constatado que es imposible lograr la independencia sacando a Cataluña del Estado, ahora pretenden obtenerla sacando al Estado de Cataluña, una tarea en la que han encontrado como aliado al actual presidente del Gobierno.
Lo inaudito es que el PSOE haya decidido no solo colaborar con este propósito, sino erigirse en su máximo artífice y defensor, desprotegiendo a la Nación de forma tan irresponsable cuando las fuerzas independentistas reconocen abiertamente que el fin último de los recursos económicos adicionales que pretenden agenciarse a costa de los demás no es fortalecer el bienestar de nadie, sino una estructura administrativa que les permita repetir el golpe de 2017 con mayores garantías. No se trata de una mejor financiación de los servicios públicos, ni tan siquiera en una Comunidad Autónoma. Se trata de financiar, con los recursos de todos, un propósito ideológico excluyente.
Pero, por encima de todo, esta concesión dinamita el sistema de derechos y deberes que nos dimos en la Constitución de 1978 y sobre el que hemos cimentado un Estado social y democrático de derecho, así como una sociedad basada en la igualdad y solidaridad en términos económicos, sociales y de convivencia. La única forma de garantizar el privilegio fiscal al independentismo es perjudicando al conjunto de españoles, singularmente a aquellos que más necesitan de las políticas públicas como elemento de cohesión e igualdad social. Esto constituye una flagrante ruptura de la solidaridad.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
- Instar al Gobierno de España a:
- Defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones.
- Paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria.
- Convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con el objetivo de recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente, y desde la multilateralidad, la renovación del actual sistema de financiación autonómico. Este modelo debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que la AIReF participe del análisis de la propuesta del Gobierno.
- Garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se fundamentará el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica; abandonando la bilateralidad con las CCAA.
- Convocar de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para promover una reforma del sistema de financiación local conjuntamente con la financiación autonómica. En ambos casos, se debe atender a todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones.
- Basar la reforma del sistema de financiación en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que según los estudios oficiales se va a producir en nuestro país en los próximos años, y en el incremento exponencial del coste de los servicios públicos
- Respeto a la autonomía fiscal de las CC.AA. y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía.
- Ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma de este, crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las CC.AA. y ciudades autónomas.
- Garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE.
- Facilitar a las CC.AA. disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de estos a la UE.
- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado y a la Junta de Gobierno de la F.E.M.P.
En Valladolid, a 24 de septiembre de 2024
Fdo.: Guzmán Gómez Alonso
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
Resultado de la votación: La proposición ha sido aprobada con los votos a favor del PP (14), la abstención de VOX (2) y los votos en contra del PSOE (10) y TLP (1).