El Grupo Provincial Popular presenta en el Pleno una Proposición para garantizar la propiedad privada y combatir la okupación ilegal de viviendas
TEXTO DE LA PROPOSICIÓN
D. Agapito Hernández Negro,
Portavoz del Grupo Provincial Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid, presenta,
para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Corporativo a celebrar el
próximo día 30 de octubre de 2020, la siguiente PROPOSICIÓN:
INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A APROBAR DE
MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD
PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS
La ocupación ilegal de viviendas,
según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años
pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.
Solamente entre los meses de enero y
junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en
el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De
media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.
Los cálculos estiman que hay un mínimo
de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar
aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
Estos datos nos muestran como la
ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente
ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución
Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera
gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e
integridad de personas y bienes.
Esta alteración de la convivencia
vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a
ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en
situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a
cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
En los últimos años, se han producido
avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como
ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando
plazos y agilizando procedimientos.
Pero es necesario, a la vista de las
cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que
los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de
manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica
además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación
ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley
Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al
del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa
inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.
Y, por otro lado, define por primera
vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: “la tenencia o disfrute de
cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se
encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o
poseedor real”.
Esta proposición de ley introduce
medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las
viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar
meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona
inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de
delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y
si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15
años para ejercicio de cargo público.
Además, esta proposición de ley
refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para
combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la
convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas
preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.
Por todo lo anterior, se somete a
la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
- Manifestar el apoyo
expreso de esta Corporación con la defensa del derecho a la propiedad privada y
la lucha contra ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso
que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que
se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión
social por motivo de vivienda.
- Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley
que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata
eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
- Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la
ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad
de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
- Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la
Presidenta del Congreso de los Diputados, así como a los portavoces de los
grupos políticos con representación en el mismo.
Fdo.: Agapito Hernández
Negro
PORTAVOZ DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR
“Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a que tome medidas para que las normas de empadronamiento contribuyan a evitar la ocupación ilegal.”